- Comercios y quioscos de Sevilla podrán hacer publicidad con pantallas digitales para paliar la crisis
- La nueva ordenanza prohíbe «cualquier publicidad» en dos ejes de la zona monumental, donde «prima el patrimonio»: de San Fernando a la Plaza Nueva y de Santa Cruz a la Plaza del Salvador
Los comercios sevillanos podrán utilizar pantallas digitales para hacer publicidad y, de esta manera, sumar nuevos elementos para atraer clientes y luchar contra la grave crisis que ha generado en los establecimientos la pandemia de coronavirus y las restricciones de movilidad y horarios. Así lo ha incluido el Ayuntamiento de Sevilla en su nueva ordenanza para la publicidad, cuyos últimos detalles se han presentado el martes 9 de febrero por el concejal delegado de Hábitat Urbano, el socialista Antonio Muñoz. Las novedades están enfocadas a generar una mayor exhibición comercial y, al tiempo, seguir aportando la «máxima protección al patrimonio de la ciudad», que parapeta esta normativa actualizada que entrará en vigor antes del verano, una vez superado el periodo de alegaciones.
La ordenanza de publicidad se aprobó en 2007, pero desde entonces no se había actualizado ni adaptado a las nuevas circunstancias y a la realidad actual del sector, que ha cambiado bastante. Se han incorporado propuestas de las dos asociaciones de quioscos de prensa y chucherías y de la asociación de empresas de publicidad. A la reunión previa asistió también Aprocom, la organización que aglutina a los comercios sevillanos.
Con la nueva normativa se buscan dos objetivos: establecer nuevas medidas de protección de las zonas con valor patrimonial y, por otro lado, regular nuevas modalidades publicitarias para contribuir a la reactivación económica de sectores afectados por la crisis sanitaria del coronavirus, como la hostelería, el comercio, los quioscos, o las propias empresas de publicidad. En ese ámbito, destaca la incorporación de las pantallas digitales.
Se trata de una normativa «que persigue un equilibrio entre la protección del paisaje urbano y la dinamización de estos sectores económicos que requieren de nuevas vías de generación de actividad», ha recalcado Muñoz.
Para la reactivación económica frente a la crisis del Covid, la ordenanza regula y ordena las pantallas digitales de publicidad variable, que se podrán instalar en equipamientos deportivos, en transporte e infraestructuras básicas; en fachadas de edificios terciarios y en escaparates de locales comerciales. Todo esto de acuerdo con unas dimensiones, condiciones y medidas específicas.
Y se establece la posibilidad por primera vez, tal y como han solicitado los quioscos de prensa y chucherías, de que puedan contar con pantallas publicitarias digitales que supongan una nueva fuente de generación de ingresos.
Se regulan también las proyecciones publicitarias sobre fachadas siempre y cuando se realicen en una serie de zonas de ampliación de la intensidad publicitaria determinadas por la normativa y en espacios determinados como puedan ser edificios terciarios o equipamientos deportivos.
Además, se configura un registro local de empresas del sector publicitario, mientras que se incluye un nuevo modelo de tramitación para agilizar los permisos para instalaciones publicitarias fuera del conjunto histórico a través de Declaración Responsable. De esta forma se agilizarán todas las tramitaciones.
Dos recorridos con prohibición total
En cuanto a la protección del patrimonio, la nueva ordenanza establece varias medidas destacadas. La principal, la prohibición de «cualquier forma de publicidad» en los dos grandes ejes patrimoniales de la ciudad. Se regulan concretamente dos: San Fernando-Puerta Jerez-Avenida de la Constitución, por un lado; y Santa Cruz, Hernando Colón, Plaza de San Francisco, Francisco Bruna, Entrecárceles y Plaza del Salvador, por otro.
En toda esa zona no se puede instalar publicidad más allá de la que representan los propios establecimientos en sí, su publicidad identificativa, donde sí se podrá instalar (fachada o escaparate) con unos criterios homogéneos. Esos dos itinerarios son ampliables a otras zonas de la ciudad si así se considera durante este proceso de exposición pública o posteriormente, ya que bastará con un acuerdo de la comisión ejecutiva.
Además, se establecen una serie de prohibiciones en relación con la publicidad en zonas con valor patrimonial, como la de cualquier publicidad que pueda impedir la visión general de la Catedral o la Giralda, o cuando estén en «zonas de influencia de otros monumentos, edificios, calles o conjuntos de importancia patrimonial o ambiental».
Se prohíbe también la publicidad en elementos ornamentales y monumentales de las vías públicas, y se limitan las posibilidades de instalar carteleras, monopostes, banderolas, pinturas y vinilos, rótulos y objetos publicitarios en zonas del conjunto histórico de la ciudad, y en inmuebles BIC o catalogados.
Por otra parte, se establece una protección de la intensidad lumínica autorizada en función de la superficie, especialmente con la idea de garantizar un nivel adecuado en las proximidades de otro edificio.
En la nueva normativa se introduce también, de acuerdo con el informe de la Comisión Provincial de Patrimonio, regular los criterios para la instalación de placas conmemorativas, especialmente en el Casco Histórico: tendrán unas dimensiones y materiales obligatorios, se deberán ubicar en determinados espacios y todas aquellas que estén en el conjunto histórico pasarán por la citada Comisión de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
Todas las instalaciones publicitarias en el conjunto histórico, además, deberán contar con licencia previa para su obtención, de forma que habrá un trámite específico y un mayor control antes de que cualquiera de ellas esté en funcionamiento.
El gobierno municipal ha aprobado en el Consejo de la Gerencia la nueva ordenanza de publicidad diseñada para dar cabida a nuevos fenómenos del sector que contribuyan a la reactivación del comercio o los quioscos de prensa y para garantizar la protección de los ejes patrimoniales. Será elevada al próximo Pleno del mes de febrero para que se abra un periodo de exposición pública y alegaciones previa a su entrada en vigor.
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